Caso práctico 157

Adalberto Munita Sánchez, celebró como comprador, un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en Rancagua de dominio de Raúl Peñaloza Vera, vendedor, fijándose el precio en la cantidad de $55.000.000. Dicho contrato se celebró por escritura privada en la cual las partes se obligaban a reducirla a escritura pública en el plazo máximo de seis meses, indispensable para ordenar y estudiar los títulos. Efectivamente en el plazo señalado se suscribió una escritura pública en la cual se reproducía la escritura privada, dando mandato al portador de copia autorizada para requerir las anotaciones que fueran necesarias para perfeccionar la transferencia del dominio. Al ingresar la escritura al Conservador de Bienes Raíces, la inscripción de dominio fue rechazada en razón de existir una prohibición de gravar y enajenar decretada por el 2° Juzgado Civil de Rancagua en juicio seguido por Sergio Urrutia Bravo contra Raúl Peñaloza, solicitando la resolución de contrato por no pago del precio del inmueble por parte de Raúl Peñaloza Vera. Ante esta situación, Adalberto Munita Sánchez, habida consideración de que tenía el inmueble en su poder, aceptó la proposición de Raúl Peñaloza Vera, quien le manifestó que esperara el fin del juicio porque él había pagado la totalidad del precio y, además, como Adalberto Munita era poseedor del inmueble, el tiempo corría en favor. Al cabo de seis años se resolvió el juicio y se declaró por sentencia ejecutoriada resuelto el contrato mediante el cual había adquirido el inmueble Raúl Peñaloza Vera. Por consejo de su abogado, Adalberto Munita consignó en el 2° Juzgado Civil de Rancagua la cantidad de $38.000.000 que era lo adeudado por Raúl Peñaloza Vera para enervar la acción de resolución, cantidad que aceptó y retiró Sergio Urrutia Bravo. Como fuera demandado por este último para restituir el inmueble, él inició juicio contra Raúl Peñaloza Vera, para que se le hiciera tradición del inmueble comprado o se resolviera el contrato con más indemnización de perjuicios, pero el demandado alegó que los derechos de Adalberto Munita estaban prescritos, ya que había transcurrido más de cinco años desde que se celebrara la escritura privada, no así la escritura pública a fue reducido el contrato original.

PREGUNTAS

1. Señale si los derechos de Adalberto Munita están prescritos, como alega Raúl Peñaloza.
2. Señale qué efecto jurídico asigna Ud. al documento privado posteriormente reducido a escritura pública.
3. Indique si es efectivo lo aseverado por Raúl Peñaloza Vera, quien manifestó a Adalberto Munita que era poseedor del inmueble, ya que lo tenía en su poder, y que el tiempo corría en su favor.
4. Indique qué juicio le merece el consejo del abogado de Adalberto Munita de depositar $38.000.000 en el 2° Juzgado Civil de Rancagua para enervar la acción resolutoria y el destino final de los mismos.
5. Señale cómo defendería Ud. a Adalberto Munita y qué desenlace debería tener esta situación.

Caso práctico 156

Ariel Araya Fuentes, arrendó a Miguel Bruna Sotomayor dos máquinas trilladoras que se hallaban en el predio agrícola del primero, mediante escritura pública de 18 de Julio dé 2010 Ambas máquinas fueron arrendadas por una renta trimestral de $900.000, sin señalarse plazo de término. Al cabo de seis meses, las trilladoras fueron embargadas en juicio ejecutivo seguido contra Ariel Araya Fuentes por el Banco BCI. Ante esta situación el Banco solicitó a Miguel Bruna Sotomayor que le pagara la renta de arrendamiento alegando ser el único acreedor del arrendador. Posteriormente, las trilladoras fueron subastadas, adquiriéndolas Manuel Ortún García. Tan pronto las trilladoras fueron adjudicadas, Manuel Ortún García demandó la entrega de las trilladoras y la terminación del arrendamiento en razón de haberse extinguido el derecho de Ariel Araya Fuentes. Ud. recibe en su estudio a Ariel Araya Fuentes quien le señala que las trilladoras debían ser consideradas bienes inmuebles, ya que estaban destinadas al uso y cultivo de su predio agrícola, y arrendadas por tiempo indefinido, por lo tanto, estando él casado bajo el régimen de sociedad conyugal se requería autorización de su cónyuge, la cual no se había prestado. Además, le manifestó que no deseaba causar daño a Miguel Bruna Sotomayor, pero no sabía cómo podía hacer subsistir el arrendamiento.

PREGUNTAS

1. Indique qué naturaleza jurídica tienen las máquinas trilladoras y qué importancia asigna al hecho de que estuvieran destinadas al uso y cultivo del inmueble de Ariel Araya Fuentes.
2. Indique cómo puedo hacer cesar el arrendamiento Ariel Araya Fuentes antes de la subasta de las máquinas.
3. Indique si puede el Banco BCI reclamar las rentas de arrendamiento que se devengan durante el juicio ejecutivo seguido contra Ariel Araya Fuentes.
4. Señale si puede Manuel Ortún García reclamar la entrega de las trilladoras y la terminación del arrendamiento.
5. Señale qué importancia asigna Ud. al hecho de que se trate de máquinas trilladoras que suponen un servicio especial sólo para el tiempo de cosecha.

Caso práctico 155

Don Aniceto Alcántara Segovia, contrajo, junto a Alberto y Álvaro Barrientos Figueroa, una obligación indivisible en favor del Banco BCI y del Banco de Chile, que se asociaron para facilitar un crédito ascendente a $550.000.000 destinados a un negocio de exportación de frutas. El día 18 de Abril de 2011 falleció intestado, en Santiago, Aniceto Alcántara Segovia, dejando tres hijos matrimoniales — Aniceto, Alejandro y Aníbal Alcántara Márquez - y cónyuge sobreviviente — Rosario Márquez Lavarelos. El Banco de Chile, sin intervención del Banco BCI, una vez vencido el plazo estipulado para el cumplimiento de la obligación, exigió su pago inmediato a Aniceto Alcántara Márquez — en su calidad de heredero de Aniceto Alcántara Segovia - solicitando una medida prejudicial precautoria sobre un fundo de su propiedad. Ante esta situación.

Ud. es consultado sobre los siguientes puntos:

PREGUNTAS

1. Si puede el Banco de Chile exigir el pago a Aniceto Alcántara Márquez, hijo de uno de los deudores, y si tiene importancia el hecho de que ninguno de los herederos haya aceptado la herencia.
2. Qué importancia tiene el hecho de que al contratar el crédito se haya estipulado con el causante que el pago no pudiera hacerse por partes, ni aun por los herederos del deudor.
3. Qué excepción tiene Aniceto Alcántara Márquez en el juicio que le iniciara el
4. Banco de Chile en su contra.
5. En qué situación quedan los otros dos deudores de la obligación, esto es, los hermanos Alberto y Álvaro Barrientos Figueroa.
6. Qué ocurre si Aniceto Alcántara Márquez paga la deuda.

Caso práctico 154

Femando Aguilera Bustamante inició juicio de indemnización de perjuicios en contra de Manuel Undurraga Ortiz, fundado en que uno de sus hijos. Nicanor Undurraga Fuenzalida - menor de quince años, manejando un vehículo motorizado, le causó daños cuantiosos al chocar su automóvil. Manuel Undurraga Ortiz alegó en su favor que su hijo, al ocurrir el accidente, estaba bajo el cuidado del establecimiento en que estudiaba, ignorando cómo había salido del mismo durante la jomada escolar, que él no tenía manera alguna de impedir el hecho con la autoridad que le confería la ley sobre el menor; que su hijo era incapaz jurídicamente; y que Femando Aguilera no era dueño del vehículo, ya que lo tenía en su poder en comodato. Femando Aguilera replicó que el automóvil lo había comprado, aun cuando todavía no se había escriturado el contrato y formalizado la transferencia, además, señaló que, como constaba en el colegio, el padre repetidamente había autorizado al menor para salir antes del fin de cada jomada. Hallándose pendiente el juicio, Federica López Ramírez, demandó a Nicanor Undurraga Ortiz por el hecho de haber destruido su automóvil, al chocarlo contra el automóvil de Femando Aguilera Bustamante. Sobre este punto, Manuel Undurraga Ortiz reiteró sus alegaciones, agregando que el automóvil de Federico López Ramírez había sido facilitado por un hijo de este último — Carlos López Fuentes — quien, además, viajaba junto a Nicanor Undurraga Fuenzalida al momento del accidente.
Ud. es consultado sobre los siguientes puntos.

PREGUNTAS

1. Señale si puede ser demandado Manuel Undurraga Ortiz y a qué título.
2. Señale si puede imputarse responsabilidad a Nicanor Undurraga Fuenzalida y si tiene importancia el hecho de éste fuere propietario de un inmueble adquirido en la sucesión de su abuelo.
3. Indique si puede exonerarse de responsabilidad Manuel Undurraga Ortiz por el hecho de que su hijo, al ocurrir el accidente, debía hallarse en el establecimiento educacional al que pertenecía.
4. Indique si atribuye importancia al hecho de que Fernando Aguilera Bustamante no hubiera formalizado el contrato de compraventa del automóvil destruido.
5. Señale si puede Federico López Ramírez deducir demanda en contra de Nicanor Undurraga Fuenzalida.

Caso práctico 153

Aníbal de la Fuente Ortiz celebró un contrato con Femando Mateluna Hernández, mediante el cual el primero se obligaba a comercializar al precio del mercado y en el plazo de un año, una partida de almendras producidas en un predio agrícola del segundo, la cual se entregaría el día 11 de Octubre de 2010. En el contrato se expresaba que Aníbal de la Fuente pagaría mensualmente las partidas vendidas, pudiendo descontar los gastos de flete de la mercadería para hacerla llegar a los clientes y los impuestos que se devengarían. En todo caso, cualquiera que fuera la venta, Aníbal de la Fuente debía pagar, a todo evento, una cantidad mínima mensual de $500.000 a Femando Mateluna, sin atender a las ventas realizadas. Femando Mateluna no entregó la partida de almendras en la oportunidad fijada, sino el 22 de Abril de 2011. Como Aníbal de la Fuente no pagara la cantidad fijada a todo evento y Femando Mateluna fuera informado que las ventas eran mínimas, con fecha 12 de Noviembre de 2011, dedujo demanda contra Aníbal de la Fuente, pidiendo que se declarara resuelto el contrato y se le pagara la cantidad de $6.000.000 correspondiente al mínimo asegurado a todo evento, más la cantidad de $6.500.000 valor que le asignaba a la partida de almendras entregada, más la cantidad de $4.000.000 que representaba la ganancia que debía obtenerse y $2.000.000 por el daño al prestigio de su empresa en el mercado. Aníbal de la Fuente alegó en su favor que el contrato había sido incumplido por Femando Mateluna, y que las almendras habían disminuido su precio sustancialmente a partir de Febrero de 2011; que el pago mensual mínimo debía imputarse al precio, puesto que no era una prestación diferente e independiente; que el valor actual de las almendras era inferior al 30% del que existía en Octubre de 2010; que la utilidad que reclamaba era ilusoria; y que el daño al prestigio del productor era un rubro inexistente y no indemnizable en el ámbito contractual.

PREGUNTAS

1. Señale quién, a su juicio, incumplió el contrato. Fundamente su respuesta.
2. Indique a quién le corresponde probar que las almendras disminuyeron sustancialmente su precio entre el mes Octubre de 2010 y Abril de 2011, y qué importancia atribuye Ud. A este hecho.
3. Señale sí la cantidad que Aníbal de la Fuente debía pagar mensualmente a todo evento correspondía a una parte del precio o constituía un anticipo del mismo.
4. Señale de qué grado de culpa responde en este contrato Aníbal de la Fuente y Fernando Mateluna. Fundamente su respuesta.
5. Indique qué defensa opondría Ud. en favor de Aníbal de la Fuente y qué defensa en favor de Femando Mateluna.