Caso práctico 127

El 28 de enero de 2010, Jaime Solís Guerra contrató a la Constructora Timón Ltda. la edificación de una casa habitación en el Lote 12 de la parcelación Los Cerezos de Huechuraba, por un valor total de UF 5.000. Se acordó que la empresa constructora ejecutaría las obras encomendadas con estricta sujeción a los planos y especificaciones técnicas confeccionados por la firma de arquitectos e ingenieros S&D Asociados. Se estipuló que el pago del precio se haría mediante un anticipo por UF 500 a la fecha del contrato y el saldo sería exigible contra entrega de la casa y con certificado de recepción final emitido por la Dirección de Obras Municipales de Huechuraba. El plazo para la ejecución de la obra era de 120 días corridos contados desde la entrega del terreno, lo que se materializó el mismo 28 de enero de 2010. Finalmente acordaron que, si la empresa constructora no cumplía con alguna de las estipulaciones indicadas anteriormente o retrasaba la entrega de la obra en más de 30 días corridos, se le cobraría, a título de avaluación anticipada de perjuicios, el 20% del precio pactado, en garantía de lo cual ésta obtuvo la correspondiente boleta de garantía bancada. Por su parte, la empresa constructora declaró conocer las características y condiciones de la obra, la calidad del suelo, su topografía y clima del lugar de las obras. Con fecha 20 de mayo de 2010 Jaime Solís Guerra recibió la casa habitación, otorgando su plena conformidad en cuanto a la forma en que se llevaron a cabo las obras, a su calidad, forma de ejecución y plazo estipulado. Sin embargo, la empresa constructora no obtuvo la certificación de la recepción final de las obras, pues la firma eléctrica no había instalado el empalme en la propiedad, dado que no había recibido el pago de UF 100 por este concepto Ante esto, Jaime Solís Guerra hace efectiva la boleta de garantía e interpone demanda en contra de la empresa constructora para exigir el cumplimiento forzado de la obligación de obtener recepción final, más indemnización de perjuicios. Por su parte, la empresa constructora alega que obtuvo recibo conforme de la obra por parte del dueño, razón por la cual no era procedente el cobro de la multa.

PREGUNTAS

1. Considerando la forma en que Jaime Solís Guerra efectúa el encargo de la obra a la empresa constructora, ¿frente a qué contrato nos encontramos? Justifique
2. ¿Qué efecto tiene la plena conformidad que manifestó el dueño al finalizarse las obras?
3. ¿Es válido el cobro de la multa efectuada por Jaime Solís Guerra? Fundamente.
4. Refiérase a la procedencia de la acción interpuesta por Jaime Solís Guerra.
5. Si usted es consultado por la empresa constructora, ¿qué le recomendarla en defensa de sus intereses?

Caso práctico 126

Con fecha 30 de julio de 2010, en la localidad de Ensenada, la Sociedad Inmed Ltda. compró a José García Morales la cantidad de 1.000 ovejas a un precio total de $50.000.000 -, pagadero en cinco cuotas de $10.000.000.- cada una, la primera de ellas al 30 de agosto de 2010 y las cuatro restantes en cuotas anuales .iguales y sucesivas, con vencimiento los días 30 de agosto de cada año. Se estipuló que la entrega de la totalidad de los ejemplares la efectuaría el vendedor, a más tardar, el día 30 de agosto de 2010. Llegada la fecha de entrega, el camión que José García había dispuesto para transportar los animales al lugar acordado con la compradora presentó problemas mecánicos que le impidieron hacer partir el motor. Con motivo de la erupción del volcán Osorno ocurrida con fecha 03 de septiembre de 2010, se procedió a la evacuación de todos los habitantes de las localidades aledañas hacia albergues dispuestos por la autoridad, entre ellos José García, quien sólo tenía forraje acumulado para sus animales para tres días. A consecuencia de que fue autorizado a volver a su predio recién veinte días después de la erupción, a su regreso al campo constató la muerte de 600 ovejas. Ante este hecho, José García le indicó al gerente general de la sociedad compradora que, al haber perecido más del 50% de los animales, su obligación se había extinguido y que, en estas circunstancias, había decidido quedarse con las 400 ovejas restantes para poder solventar sus gastos con la venta de lana de esos animales.

PREGUNTAS

1. Indique frente a qué tipo (s) de obligación (es) nos encontramos en este caso y su importancia. Fundamente su respuesta.
2. ¿Qué importancia le asigna usted al hecho de que el vendedor no haya podido efectuar la entrega de los animales en el plazo acordado por los problemas mecánicos que presentaba su camión?
3. ¿Tiene alguna relevancia jurídica la erupción del volcán en este caso? Fundamente su respuesta.
4. Indique si es procedente la alegación del vendedor en relación a que su obligación se ha extinguido por haber perecido más del 50% de los animales vendidos. En el evento que se rechace este planteamiento, qué fórmula de solución plantearía usted a este conflicto.
5. Si usted es consultado por la sociedad compradora, ¿qué le recomendaría en defensa de sus intereses?

Caso práctico 125

En el año 1987, Juan Inda Ortiz contrajo matrimonio con Isabel Marchant Suazo, de cuya unión nacieron cinco hijos, Cristina, Eugenia, Verónica, Pedro y Francisco, todos Inda Marchant, de 22. 20, 18, 15 y 7 años, respectivamente. El 5 de mayo de 2011, con el ánimo de resguardar el futuro educacional de Francisco, Juan Inda hizo una donación irrevocable a su favor , consistente en acciones del Banco de Chile por un valor total de $ 150.000.000, con cargo a su parte en la cuarta de mejoras, para solventar su educación básica y media. Con esa misma fecha, le hizo una donación a su mujer, Isabel Marchant, del inmueble en que habitaban, avaluado en $ 500.000 000.-, con cargo a su legítima. Además, ese mismo día, otorgó testamento abierto en el cual asignaba la cuarta de mejoras a su cónyuge y cinco hijos. Finalmente, con imputación a la cuarta de libre disposición legó un crédito por $ 15.000 000 que tenía contra Gabriel Pereira Silva, a su sobrino Raimundo Inda Rojas, y todo el trigo que hubiera a su fallecimiento en los dos silos, con capacidad para almacenar en total 200 quintales de trigo, ubicados en su fundo “El Arriero", al interior de San Fernando, provincia de Colchagua. El 8 de junio de 2011, Juan Inda procedió a cobrarle a Pereira los $15.000.000 que éste le adeudaba, recibiendo el pago a su entera satisfacción, y procedió a guardar en sus silos, que estaban vacíos, 35 quintales de trigo producto de compras efectuadas a pequeños agricultores. El 27 de junio, a su regreso de su fundo “El Arriero", Juan Inda colisionó en la carretera con un camión, falleciendo instantáneamente en la ruta.

Usted es consultado(a) sobre las siguientes materias:

PREGUNTAS

1. ¿Si es correcta la imputación que hiciera Juan Inda de la donación efectuada a favor de su hijo Francisco, y de aquella en beneficio de su mujer; y si estas donaciones deben considerarse para la formación de algún acervo imaginario?
2. ¿Qué naturaleza tiene la donación efectuada por Juan Inda a su mujer Isabel Marchant, y qué efectos produjo?
3. ¿Cómo se distribuye la cuarta de mejoras de la herencia de Juan Inda?
4. ¿Puede Raimundo Inda cobrar su legado de crédito por $15.000.000.- a la sucesión de Juan Inda?
5. ¿A cuánto asciende el legado de trigo que le hiciera Juan Inda a su sobrino?

Caso práctico 124

Cornelio Ramírez Díaz contrajo matrimonio con Cecilia Manríquez Órdenes, de diecisiete años de edad, el 14 de marzo de 1995, acto en el cual pactaron el régimen de participación en los gananciales El marido manifestó a su mujer que no tenía sentido empezar la vida conyugal haciendo inventario de bienes, pero le señaló que había celebrado una promesa de compraventa el 14 de febrero de ese año con la firma Inmobiliaria Seguridad y Garantía respecto del departamento N° 67 del edificio ubicado en la calle El Rosal 734, para que pudieran vivir en ese inmueble Le expresó también haber pagado la cantidad de $15.000.000, como parte del precio del contrato prometido, al momento de suscribir la escritura pública de promesa, y el saldo de $ 50.000000 lo pagaría con un crédito hipotecario del Banco BICE, el 2 de abril de 1995, fecha acordada para la celebración de la compraventa prometida. En el año 1998, Cornelio Ramírez avaló obligaciones de su compañero de trabajo Enrique Villaseca, por la cantidad de $ 5.000 000, ante lo cual su cónyuge, Cecilia Manríquez, pidió la declaración de bien familiar del departamento. Enojado frente a esta situación, Cornelio Ramírez dejó de pagar las cuotas mensuales del mutuo hipotecario y abandonó el hogar sin cumplir sus obligaciones conyugales.

Usted es consultado(a) sobre las siguientes materias:

PREGUNTAS

1. ¿Es válido el matrimonio y el régimen de bienes pactado?
2. ¿Qué destino tiene el departamento 67 del edificio calle El Rosal 734, atendido el régimen matrimonial existente entre Cornelio Ramírez y Cecilia Manríquez?
3. ¿Es válido el aval otorgado por el marido en favor de su compañero de trabajo Enrique Villaseca?
4. ¿Tiene algún derecho la cónyuge Cecilia Manríquez frente al cobro del mutuo hipotecario por el BICE de las cuotas impagas en que incurrió Cornelio Ramírez y si le beneficia la declaración de bien familiar al disolverse el régimen?
5. ¿Qué puede hacer Cecilia Manríquez frente a la conducta de su marido?

Caso práctico 123

Alberto Oyarce Godoy, casado bajo separación de bienes con Isabel Fernández García, le confirió a esta última un mandato general, con facultad expresa para vender y enajenar bienes raíces, pues iba a ausentarse del país durante 8 meses por motivos laborales, sin comunicación expedita con su familia. Dejaron constancia de ello por escritura privada de 03 de abril de 2007, protocolizada, con esa fecha, ante el Notario de la Cuarta Notaría de Santiago, don Juan Cabieses Pino. En junio de 2008, los cónyuges se separaron de hecho, suscribiendo un acta ante el mismo notario, para dar fecha cierta al cese de la convivencia. En ejercicio del mandato, doña Isabel Fernández, actuando a nombre del mandante, vendió a su padre, por escritura pública de 4 de julio de 2009, un inmueble de propiedad de su marido. En dicha escritura, los otorgantes manifestaron que el precio pactado, ascendente a la suma de $45.000.000.-, se pagaba con $ 30.000.000 en ese acto y en dinero efectivo, y el saldo de $15.000.000, pagadero al 30 de diciembre de 2011, con intereses corrientes para operaciones no reajustables. En octubre de 2010, Alberto Oyarce exigió a su cónyuge le rindiera cuenta de esta operación, a lo que Isabel Fernández respondió que el motivo que la indujo a vender la propiedad fue asegurar la manutención de las dos hijas del matrimonio, que habían quedado bajo su cuidado a raíz de la separación. Explicó que con el precio de la compraventa había procedido a adquirir un departamento a su nombre para obtener rentas de él y solventar las necesidades de la familia. Alberto Oyarce impugnó la cuenta, exhibiendo una escritura privada en la que Isabel Fernández condonaba la totalidad del precio de la compraventa, con la aceptación de su padre.

PREGUNTAS

1. ¿Qué opinión le merece a usted el mandato para enajenar bienes raíces otorgado por Alberto Oyarce a Isabel Fernández?
2. Indique si pudo Isabel Fernández remitir la deuda de su padre de pagar el precio.
3. Si usted fuera consultado por Alberto Oyarce, ¿qué le recomendaría en defensa de sus intereses?
4. A su turno, como abogado de doña Isabel Fernández, ¿qué le recomendaría?
5. ¿En qué situación jurídica se encuentra el padre de Isabel Fernández en relación al inmueble adquirido?