Caso práctico 157

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Adalberto Munita Sánchez, celebró como comprador, un contrato de compraventa de un inmueble ubicado en Rancagua de dominio de Raúl Peñaloza Vera, vendedor, fijándose el precio en la cantidad de $55.000.000. Dicho contrato se celebró por escritura privada en la cual las partes se obligaban a reducirla a escritura pública en el plazo máximo de seis meses, indispensable para ordenar y estudiar los títulos. Efectivamente en el plazo señalado se suscribió una escritura pública en la cual se reproducía la escritura privada, dando mandato al portador de copia autorizada para requerir las anotaciones que fueran necesarias para perfeccionar la transferencia del dominio. Al ingresar la escritura al Conservador de Bienes Raíces, la inscripción de dominio fue rechazada en razón de existir una prohibición de gravar y enajenar decretada por el 2° Juzgado Civil de Rancagua en juicio seguido por Sergio Urrutia Bravo contra Raúl Peñaloza, solicitando la resolución de contrato por no pago del precio del inmueble por parte de Raúl Peñaloza Vera. Ante esta situación, Adalberto Munita Sánchez, habida consideración de que tenía el inmueble en su poder, aceptó la proposición de Raúl Peñaloza Vera, quien le manifestó que esperara el fin del juicio porque él había pagado la totalidad del precio y, además, como Adalberto Munita era poseedor del inmueble, el tiempo corría en favor. Al cabo de seis años se resolvió el juicio y se declaró por sentencia ejecutoriada resuelto el contrato mediante el cual había adquirido el inmueble Raúl Peñaloza Vera. Por consejo de su abogado, Adalberto Munita consignó en el 2° Juzgado Civil de Rancagua la cantidad de $38.000.000 que era lo adeudado por Raúl Peñaloza Vera para enervar la acción de resolución, cantidad que aceptó y retiró Sergio Urrutia Bravo. Como fuera demandado por este último para restituir el inmueble, él inició juicio contra Raúl Peñaloza Vera, para que se le hiciera tradición del inmueble comprado o se resolviera el contrato con más indemnización de perjuicios, pero el demandado alegó que los derechos de Adalberto Munita estaban prescritos, ya que había transcurrido más de cinco años desde que se celebrara la escritura privada, no así la escritura pública a fue reducido el contrato original.

PREGUNTAS

1. Señale si los derechos de Adalberto Munita están prescritos, como alega Raúl Peñaloza.
2. Señale qué efecto jurídico asigna Ud. al documento privado posteriormente reducido a escritura pública.
3. Indique si es efectivo lo aseverado por Raúl Peñaloza Vera, quien manifestó a Adalberto Munita que era poseedor del inmueble, ya que lo tenía en su poder, y que el tiempo corría en su favor.
4. Indique qué juicio le merece el consejo del abogado de Adalberto Munita de depositar $38.000.000 en el 2° Juzgado Civil de Rancagua para enervar la acción resolutoria y el destino final de los mismos.
5. Señale cómo defendería Ud. a Adalberto Munita y qué desenlace debería tener esta situación.





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